La Procuración del Tesoro realizó dos presentaciones para suspender el fallo de la jueza Loretta Preska. El mismo obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres demandantes como parte de pago de la sentencia en la que el país ya fue condenado a pagar 16.100 millones de dólares por la estatización de YPF.

En este marco, la Procuración del Tesoro argumentó que Argentina sería despojada de su participación mayoritaria en YPF, que forzaría un cambio de control y activaría cláusulas que perjudicaría a los accionistas de la empresa.

Por otro lado, indicó que el caso presenta cuestiones legales aun no resultas en los tribunales de apelación, lo que incrementa la probabilidad de que el fallo sea revertido en instancias superiores.

Asimismo, remarcó que el Congreso argentino debe autorizar la transferencia de acciones estatales en YPF. Por lo tanto, incluso si la jueza confirmara su fallo, la ejecución efectiva de la medida resultaría inviable desde el punto de vista legal.