Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron un escrito al Tribunal Oral Federal 2 para que cumpla la condena a seis años de prisión en el departamento donde vive con su hija Florencia, en el barrio porteño de Constitución. Reclamaron que se disponga de manera directa el arresto domiciliario en San José 1111 sin requerir su paso por una alcaidía.
El pedido de prisión domiciliaria alude a la edad de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años, además de riesgos para su seguridad en base al atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de exmandataria.
“El cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, sostuvieron sus abogados y argumentaron que el eventual traslado a una cárcel de una expresidenta derivaría por necesidad de seguridad en un “régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal”.
Por ello se pidió el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, considerando que tiene custodia las 24 horas y es “completamente innecesario”.
El tribunal oral ya formó el legajo particular para tratar ese pedido y le pidió opinión a la Fiscalía antes de resolver. Un punto central para ese planteo será la respuesta de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre los posibles lugares de detención para los condenados.
Negaron la detención inmediata
El Tribunal Oral Federal 2, a cargo de Jorge Gorini, negó el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para la detención inmediata de la expresidenta.
A pesar de la resolución expedita de Gorini sobre el plazo para la detención, Luciani y Mola habían insistido ayer por la tarde en que se la arrestara instantáneamente después de la resolución. El tribunal, en cambio, había dispuesto 5 días para que se presentará Cristina Kirchner y el resto de los condenados en Comorodo Py «con el objetivo de hacer efectivas sus detenciones, plazo prudencial en atención a que algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas».
El escrito de este jueves pide que se respete justamente esa resolución. «Estése a lo dispuesto en el día de ayer en los términos del art. 375 del Código Procesal Penal Federal», puntualizaron.
