El fin de semana pasado se inició una polémica en torno la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, publicó una nota sobre el Plan de Inteligencia Nacional del organismo que preside Sergio Neiffert. Allí, reveló que “abre la puerta a que se ponga en el foco de los espías a opositores, periodistas y economistas”, entre otras cuestiones.
Ante esto, el Gobierno nacional salió a desmentirlo, aunque admitió que se trata de un documento secreto. Ahora, se conocieron más detalles, y especialistas advirtieron sobre su contenido.
La letra chica del plan
El documento en cuestión es el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) 2024, que entró en vigencia a finales del año pasado. Establece 10 lineamientos estratégicos, que tienen un objetivo general y diversos objetivos particulares para llevarlos adelante. Entre ellos, se abre la posibilidad para que se realicen tareas de inteligencia contra todo aquel que “erosione la confianza” en el plan económico del Poder Ejecutivo y manipule a la opinión pública “de manera contraria al interés nacional”.
Uno de los lineamientos más polémicos y que deja abierto a distintas interpretaciones es el 2, titulado “Superioridad de la información y riesgo de influencia externa”. El mismo precisa como objetivo analizar los riegos o amenazas que se generen por la difusión de “información falsa o engañosa” con “la intención de influir en la opinión pública y/ o manipular a personas vinculadas a procesos decisorios, de manera contraria al interés nacional”. De esta manera, entran en juego distintas dimensiones para la SIDE, como la política, la económica y la social. En Planes de Inteligencia Nacional de otras gestiones no existió abordajes de esas cuestiones.
Por otro lado, se propone hacer foco en quienes “promuevan relatos con potencialidad de desestabilización institucional”. Si se toma en cuenta declaraciones de funcionarios o del propio Milei, las marchas de jubilados de los miércoles más masivas (como la del 12 de marzo) o las del año pasado contra la Ley Bases tienen esa calidad.
La SIDE también explicitó la necesidad de prestar central atención sobre actores estratégicos que desarrollen “acciones de manipulación de la opinión pública” para influir en procesos electorales.
En lo que hace a la dimensión social, se pone como objetivo de inteligencia a quienes difundan “información falsa o engañosa” para erosionar “la cohesión social y el sentido de identidad compartido”. Una directiva muy amplia que habilita cualquier tipo de operación de inteligencia.
En el Lineamiento Estratégico 3 pareciera prepararse el terreno para avanzar contra quienes realicen paros de actividades o bloqueos sindicales. Es que el objetivo que aparece en este fragmento del documento son quienes “pudieran afectar las cadenas de abastecimiento centrales para el comercio exterior y la disponibilidad local de bienes y servicios”.
Para Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “lo que se conoce del Plan de Inteligencia genera preocupación porque pone como objetivos de la inteligencia argentina cuestiones vinculadas a lo que se podría denominar inteligencia política, que es, según nuestra ley de inteligencia, inteligencia ilegal”. “El plan baja unas directivas que luego son aplicadas en operativos por la SIDE y las distintas agencias que están abajo de la SIDE y que en la medida que las intervenciones operativas están amparadas por esos lineamientos del plan de inteligencia las van a poder justificar. Ese es el riesgo”, añadió.
