A través del DNU 340/2025, el gobierno de Javier Milei, bajo el pretexto de reformar la marina mercante, desactivó el derecho constitucional a huelga. El decreto amplía el listado de actividades consideradas “esenciales” y “de importancia trascendental”, obligando a mantener prestaciones mínimas del 75% y 50% respectivamente, aún en medio de medidas gremiales.

La norma retoma el espíritu del DNU 70/23, que fue declarado inconstitucional por la Justicia laboral, pero reincide ahora con mayor amplitud. Entre los servicios que se deben mantener casi plenamente figuran salud, educación, transporte, producción industrial, telecomunicaciones, bancos, medios de comunicación, servicios aduaneros, minería, y hasta el comercio electrónico.

“Es tan abierto el criterio que casi todo podrá considerarse esencial o trascendental”, advirtió el abogado laboralista Matías Cremonte.

Desde la CGT confirmaron que volverán a recurrir a la Justicia para frenar este nuevo intento de anular el derecho a huelga, contemplado por la Constitución y organismos internacionales como la OIT. La central obrera no descarta avanzar con un amparo, como ya lo hizo con éxito frente al DNU anterior.

Mientras tanto, el Gobierno crea una nueva “Comisión de Garantías” que podrá declarar esencial cualquier actividad no listada, consolidando así un blindaje legal para disciplinar a los gremios y acallar las protestas.