El día que la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) llevó adelante un paro general con movilización y convocó otro de 36 horas para el miércoles y jueves de la semana próxim, el gobierno de Javier Milei lanzó una polémica medida.

A través de la Decisión Administrativa N° 7/2025 publicada en el Boletín Oficial, la gestión libertaria implementó una normativa que otorga incentivos salariales adicionales a funcionarios que logren reducir la dotación de personal en sus respectivas áreas.

La disposición establece que las “unidades retributivas adicionales” serán asignadas a las autoridades superiores en función del ahorro presupuestario derivado de la disminución de personal en cada jurisdicción. El argumento que esgrimió el Ejecutivo nacional en la resolución fue que busca “otorgar suplementos extraordinarios fundados en indicadores objetivos de productividad”.

Según el anexo de la decisión administrativa, las asignaciones de unidades retributivas se distribuyen: 10.000 para vicepresidenta, jefe de Gabinete, ministros, secretarios y titulares de organismos vinculados a Presidencia; 7.500 para vicejefes de Gabinete; 5.000 para secretarios con rango equivalente; 5.000 unidades retributivas; 3.000 para subsecretarios y autoridades con escalafón similar.