El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que este miércoles durante la represión en el Congreso a la marcha de jubilados “la Policía cometió delitos graves, como el uso descontrolado de armas, ataques a personas mayores y detenciones sin pruebas” y advirtió que todo el operativo debe ser investigado para identificar a los autores materiales de los delitos y establecer las responsabilidades de las autoridades.
En esa línea, el CELS ya cursó comunicaciones ante la Organización de Nacionales Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtiéndoles a los dos organismos de la magnitud de los hechos ocurridos en el operativo policial.
«En la marcha de jubilados y jubiladas, apoyada por hinchas y buena parte de la sociedad, las fuerzas de seguridad detuvieron personas al voleo», indicó la organización en un comunicado. En ese marco, puntualizó que el Gobierno resucita la narrativa del “golpe de Estado” para justificar una represión feroz.
Otras denuncias
El ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, el abogado Gregorio Dalbón, y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), denunciaron penalmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los delitos de abuso de autoridad; violación de deberes de funcionarios públicos; lesiones graves por alevosía; apremios ilegales y privación de la libertad.
La denuncia del ex secretario de Derechos Humanos también alcanzó al ministro de Seguridad de la Ciudad de Bs As, Horacio Giménez, dado que también intervinieron las fuerzas porteñas.
Las tres denuncias enfatizan en que el derecho a la protesta es un derecho humano fundamental que está reconocido y protegido por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, al igual que el derecho a la libertad de expresión.
«Durante la manifestación registramos que el accionar del personal policial incumplió de forma palmaria y manifiesta los estándares internacionales que regulan el control de las manifestaciones públicas«, afirma el escrito de la CPM en la que denuncian también haber registrado la portación de armas letales y el uso «indebido» de armas menos letales como las que afectaron al periodista Pablo Grillo, que está peleando por su vida en el Hospital Ramos Mejía.
«La Comisión Interamericana ha advertido que el uso de este tipo de armas debe ser desaconsejado debido a la imposibilidad de controlar la dirección de su impacto», continuó la CPM.
