Con 48 votos a favor y 9 en contra, el Senado aprobó la Ley de Alcohol Cero al volante en todo el país. Además, por unanimidad convirtió en ley la iniciativa que busca prevenir la violencia y abusos en la infancia a raíz del caso Lucio Dupuy. En tanto, también la Cámara Alta aprobó el proyecto que reconoce la Lengua de Señas en todo el país como idioma viso-gestual.

En una jornada histórica para la seguridad vial en el país, el Senado aprobó por 48 votos a favor y 9 en contra la iniciativa de Alcohol Cero al volante y ahora Argentina tiene una ley nacional para disociar definitivamente al alcohol de la conducción. De esta manera, la Cámara Alta le dio la media sanción que necesitaba el proyecto de la ANSV -organismo del Ministerio liderado por Diego Giuliano– durante la sesión de este jueves, marcando un antes y un después en las leyes viales del país.

El ministro Giuliano, aseguró: “Agradecemos el acompañamiento de senadores y senadoras a esta Ley histórica, que venimos impulsando desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que fue apoyada por los familiares de víctimas y que era esperada por toda la sociedad. El alcohol está presente en 1 de cada 4 muertes en siniestros viales, por eso siempre fuimos muy claros: alcohol al volante, cero”.

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“Alcohol Cero al volante se trata del hito más importante desde la creación de la ANSV. Hoy Argentina dio un paso histórico en materia de seguridad vial, que deberemos acompañar con más controles y más compromiso, por eso vamos a estar a disposición de cada provincia y municipio para brindarles los recursos necesarios y trabajar juntos en algo fundamental, que es salvar vidas”, remarcó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

La siniestralidad vial es la principal causa de muerte en personas menores de 35 años en nuestro país, y el alcohol al volante es el responsable de, al menos, 1 de cada 4 incidentes de tránsito graves. Es por eso que esta ley de la ANSV busca unificar el criterio de tolerancia cero al alcohol en la conducción en todo el territorio nacional, como una medida para reducir las víctimas en hechos viales provocados por conductores bajo los efectos del alcohol.

Hasta la sanción de esta ley de alcance federal, 13 provincias y más de 50 ciudades argentinas tienen una normativa de alcohol cero al volante, y, por ejemplo, en aquellas provincias con más tiempo de sancionada esta norma, los resultados de fallecidos por año se redujeron desde un 15,8% (Río Negro) hasta un 37,1% (Jujuy).

Otro ejemplo es Buenos Aires, última jurisdicción provincial en adoptar esta medida (diciembre 2022), y que, en tan solo un mes, en los controles realizados por la ANSV durante enero, bajó a la mitad la cantidad de conductores con alcoholemia positiva en las rutas a la Costa, en comparación con el mismo período del año anterior.

Además, según estadísticas del Observatorio Vial de la ANSV durante los operativos de Alcoholemia Federal, se destaca que, en las jurisdicciones con Alcohol Cero al volante, la cantidad de conductores testeados que circulan con graduación 0 de alcohol en sangre es notablemente mayor que en aquellas que tienen como límite permitido 0,5.

Estos datos reflejan que la normativa de Alcohol Cero al volante genera que los conductores se cuiden más y no beban, situación que disminuye de manera considerable que se provoquen siniestros viales en la vía pública.

Ley Lucio

El Senado convirtió en ley el proyecto que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia, impulsado tras el caso de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en La Pampa, por el que fueron condenadas su madre y su pareja.

En el recinto estuvo presente el abuelo del niño, Ramón Dupuy, quien arribó al Congreso junto a otros familiares. Tras la aprobación, hubo abrazos y muestras de emoción.

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La iniciativa, que había tenido media sanción en Diputados desde el 9 de noviembre de 2022, fue aprobada por unanimidad.

La llamada Ley Lucio que busca prevenir la violencia y abuso en la infancia establece capacitaciones continuas y obligatorias, campañas de concientización y mayor presupuesto.

El proyecto crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) -plan que le da nombre a la ley- dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La capacitación prevista puede extenderse a administraciones provinciales y municipales y organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.

La Senaf, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, será la autoridad de aplicación de la ley, por lo que tendrá una «obligación inmediata y directa» en las capacitaciones y campañas de concientización que deberán realizarse, en lo que ya cuentan con «cierta experiencia acumulada».

Uno de los artículos de la ley plantea, además, la creación de campañas de concientización para que toda la población se involucre en la promoción y defensa de los derechos de NNyA.

Asimismo, otro eje central es la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración, procurando «la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad».

La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA y la Ley 27.455 de Abuso en la Infancia.

El proyecto de ley surgió tras el asesinato de Lucio en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el que están siendo juzgadas su mamá, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

Lengua de Señas

La Lengua de Señas como idioma viso-gestual en todo el país es ley por unanimidad -63 votos afirmativos-. Así lo indicó el tablero del recinto del Senado en la sesión de este jueves tras debatir la iniciativa reclamada desde hace años por organizaciones de personas sordas.

El texto que llegó al recinto fue producto de un consenso entre propuestas impulsadas por los diputados Lucila Masin (FdT), Leonardo Grosso (FdT) y Julio Cobos (UCR).

A través de la iniciativa se reconoce a la LSA como una lengua natural y originaria que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el territorio de la Nación Argentina, y que garantiza su participación e inclusión plena, como así también de las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua.

En cuanto a su definición, se señala que “la LSA posee una estructura gramatical completa, compleja y distinta del castellano” y “al ser visual, es completamente accesible desde el punto de vista perceptual para las personas sordas, como así también para todas las personas”.

Serán organismos legítimos de consulta sobre la LSA aquellas organizaciones constituidas íntegramente por personas sordas que las representen en todo el territorio de la República Argentina y que se encuentren oficialmente constituidas e inscriptas con reconocimiento de los Estados nacional, provincial y municipal.

El proyecto faculta al Poder Ejecutivo para “fomentar e impulsar en los distintos ámbitos de su competencia el acceso y el uso de la LSA de todas las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua”.

Esto será bajo los objetivos de tener una accesibilidad efectiva y plena a la vida social; eliminar barreras comunicacionales y actitudinales; equiparar oportunidades tendientes a impulsar y fortalecer la independencia, autonomía personal y toma de decisiones; y diseñar y ejecutar estrategias que aseguren la accesibilidad comunicacional en todas las políticas públicas dirigidas a la sociedad.

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