Durante meses sufrió maltrato de un superior. Luego de un violento episodio, decidió hacer la denuncia ante la secretaria de Desarrollo y Promoción Social del Municipio, que la única medida que tomó fue quitarle horas de guardia en represalia a su denuncia. El caso llegó a la Justicia y se dictó sentencia a favor de la trabajadora, pero la funcionaria municipal fue respaldada por el intendente Echeverry y el denunciado, a pesar del fallo en contra, continúa con su cargo en el servicio de SAME.
Mirada Crítica indagó sobre un indignante caso de violencia de género y laboral que ocurrió en la localidad bonaerense de Lobos. La protagonista y única damnificada de esta historia es Albertina Noelia Miguez, quien, según se explaya en la sentencia de la jueza María Fernanda Bisio del 11 de marzo pasado, fue acosada sexualmente en el trabajo.
Los hechos
Miguez fue contratada por la Municipalidad de Lobos como enfermera para el servicios de ambulancias SAME en agosto del 2020, y en el mes de mayo del 2021 comenzó a ser acosada en su lugar de trabajo por Franco Álvarez, superior de ella, quien ejercía el cargo de coordinador administrativo del SAME y le suministraba las horas de guardia.
La sentencia describe el acoso sexual como «diversos comportamientos, tales como proferir palabras obscenas, comentarios sexuales inapropiados, los cuales iban subiendo de tono cada día, hasta el intento de tocarle los senos con acercamientos en modo de broma al caerse arriba suyo«. Hay una situación particular que ocurrió el 19 de mayo del 2021. Según el testimonio de Miguez, ella se encontraba recostada sobre un futón. Álvarez comienza a emitir palabras fuera de lugar de plano sexual, como que estaba mal atendida, hasta que se acercó y le meneó la pelvis en su cara. La enfermera reaccionó, se produjo una discusión fuerte con gritos e insultos. En la versión de Álvarez, él se acerca junto a otros dos trabajadores y al ver a Miguez descansando le dijeron que se podía retirar de la guardia, lo que ocasionó su enojo. El denunciado afirmó haber dicho «eso pasa cuando te dejan los novios», por lo que cuando se calmó la situación le pidió perdón.
Ante esta situación, Miguez se dirigió ante la secretaria de Desarrollo y Promoción Social del Municipio, Fabiana Belardi. «Esta decidió hacer una reunión con todos y por supuesto la mayoría de los hombres negaron la entidad de la denuncia», relató en diálogo con este medio la abogada de Miguez, Mariana Cosso.
Posteriormente, se le restringieron las guardias que realizaba, que pasaron de 11 guardias al mes a cuatro. En consecuencia, sus ingresos se redujeron, se retrasó el pago del mes de junio, y al mismo tiempo tomaron otro enfermero en su lugar. «Pasó a cobrar desde el mes de junio 32 mil pesos cuando en mayo su sueldo era de 70 mil, o sea, una reducción de casi 50%», denunció Cosso.
Las acciones legales
Acto seguido, se inició una denuncia por violencia de género ante el juzgado de Paz de Lobos. De acuerdo a la abogada, la Justicia actuó rápido. Tanto la víctima como el denunciado aportaron testigos pero para la Justicia fue contundente la existencia de violencia de género. Al no tratarse de una causa penal, se dictaron medidas para proteger a Miguez: se ordenó a Franco Álvarez que no se acercara a la víctima por ningún medio (incluye correos y redes sociales), al Municipio que aplique las acciones necesarias para que esto se cumpla, además de brindarle un botón antipánico a Miguez y que el victimario deba asistir al Servicio para el Abordaje de la Violencia por Motivos de Género.
«Lo que es tan grave como el acoso, fue que por esos episodios y su denuncia la enfermera sufrió represalias con una sanción económica que le significó reducción horaria de trabajo y de sueldo, y eso no lo pudo justificar el Municipio», expresó la letrada.
De acuerdo a lo que describe la sentencia anteriormente mencionada, «la única respuesta dada por los funcionarios a cargo del lugar de trabajo fue el retiro de los días de guardia que poseía la actora, a fin de no cruzarse con Álvarez, con la consecuente disminución salarial que
lógicamente ello implica». Además, Belardi «desatendió su obligación como funcionaria pública a cargo del Servicio SAME de instruir un sumario por cada denuncia por violencia laboral que se formule».
Actualmente la sentencia, cuya causa había recaído en el juzgado Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, fue apelada por los denunciados y quedó a cargo de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo.
La complicidad de la intendencia
«Lo más grave de todo es que la misma semana que salió la sentencia, el intendente Jorge Etcheverry puso a Belardi a cargo de un área llamada ‘Nuevo marco legal de abordaje a la violencia’, y el pasado viernes salió a declarar que defiende a su secretaría de Desarrollo Social«, describió Cosso.
Y agregó que Álvarez sigue trabajando como enfermero del SAME. En tanto, según cuenta la abogada, Miguez sigue en el servicio y es violentada por el resto del personal «porque la sentencia se hizo pública y aparecen nombrados otros enfermeros». Esto produjo «que le quitarán su colaboración en el trabajo, con el grave riesgo que ello implica porque estamos hablando de atender pacientes de urgencia».
