La mesa antisindical macrista, el escándalo del momento: claves para entender qué pasó

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó este lunes una denuncia ante la Justicia luego de encontrar un video de dos horas sobre una reunión realizada en 2017 entre empresarios, ministros del gobierno provincial de María Eugenia Vidal, Julio Garro y funcionarios de la administración de la AFI de ese momento. El ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, habló de crear una «gestapo» para terminar con el sindicalismo, y quedó expuesta ante un plan de armar una causa judicial para detener a dirigentes sindicalistas.

Exfuncionarios de la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal fueron denunciados este lunes ante la Justicia luego del hallazgo de videos en los que quedaron registradas reuniones del entonces ministro de Trabajo Marcelo Villegas, quien promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales. La denuncia penal fue radicada este lunes por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que conduce Cristina Caamaño, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata 3, a cargo de Ernesto Kreplak, se informó oficialmente.

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti informó que el presidente Alberto Fernández había instruido a Caamaño para que se presentara ante la Justicia a fin de que se investigue la posible comisión de delitos. «En un procedimiento de rutina de limpieza de discos rígidos, la AFI encontró grabaciones de una reunión del 2017 en el Banco Provincia en la que funcionarios bonaerenses pertenecientes al gobierno de Vidal acordaban el armado de causas contra gremialistas», reseñó Cerruti desde sus redes sociales.

¿Quiénes estaban?

La reunión se llevó a cabo el 15 de junio del 2017, tres meses antes de la detención del sindicalista Juan Pablo «El Pata» Medina, en la sede del Banco Provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La encabezó el ex ministro de Trabajo del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas. También estaban presentes el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; el ex subsecretario de Justicia provincial, Adrián Grassi; el senador provincial de Juntos por el Cambio por Región Capital, Juan Pablo Allan; y el intendente de La Plata, Julio Garro

Estuvieron por el lado de la pata empresarial Marcelo Jaworski, director general de Copetro; Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de Agrineco; Fernando Sacrachi, director de ACIP; Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata.

Las dos presencias que produjeron un revuelo mayor, incluso los denunció Cristina Fernández de Kirchner en una publicación en su cuenta de Twitter, fueron las de Sebastián De Stefano, Director de Jurídicos de la AFI cuando la administraban Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quien según la vicepresidenta en agosto del 2018 visitó al Juez Carzoglio de Avellaneda, para decirle que “Macri lo quería preso a Pablo Moyano”; y Darío Biorci, cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri.

Contenido del video

«Créeme que si yo pudiera tener –y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte–, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría«, fue la declaración que generó más indignación en el arco político. Cabe recordar que la Gestapo fue un grupo paramilitar de Hitler.

Las filmaciones muestran a Villegas dando garantías a los empresarios presentes de la implementación de una estrategia coordinada con el Poder Judicial y avalada por «Nación y provincia» para impulsar una investigación y lograr el enjuiciamiento de dirigentes sindicales del sector de la construcción.

También, de acuerdo con lo que se escucha en las filmaciones, el supuesto plan no estaba dirigido sólo a los sindicatos, sino también hacia los trabajadores públicos.

«Las leyes son las leyes, tengo que modificar la Ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea», pregonó Villegas.

El mecanismo que Cambiemos tenía acordado con los empresarios y con el Poder Judicial para atacar a los sindicatos y quitarles derechos a los trabajadores estaba planificado al detalle. En un principio el modus operandi consistía en que las propias empresas generaran tensión con los trabajadores, por ejemplo, quitándoles las viandas, para que el sindicato paralice las obras.

De allí se desplegaba una doble estrategia: primero los empresarios se dirigían al Ministerio de Trabajo al que llevaban notas previamente convenidas, que entregaban en mano a Villegas –tomaban el recaudo de no dejarlas en la mesa de entrada– y luego al Poder Judicial, donde presentaban la denuncia con las palabras «clave» que los funcionarios les decían que incorporen, como «extorsión» «amenaza»«Las notas me las puedan hacer llegar a nombre mío, personal, confidencial, en mano. Avenida 7, las recibe Diego Visilio», les indicaba el exministro de Trabajo. Una vez que la causa se abría, el Juez pedía al ministro pruebas y él aportaba todas las notas. Esas operaciones estaban acordadas previamente con la pata judicial. 

El propio Villegas fue el encargado de explicarlo en el encuentro. «Hemos tomado la decisión como gobierno –cuando digo gobierno, digo nacional, provincial y municipal– de comenzar a resolver de forma definitiva la problemática que tenemos en materia de relaciones con la UOCRA», dijo

«El esquema es el siguiente, nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial, esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o desde el punto de vista de más que laborales, de amenaza y estas palabrejas se impulsa con testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos».

«Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones, con eso se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal, con todo el soporte de la procuración general, tiene que estar medidas para generar más volumen y después aprobar esas medidas. Hemos chequeado con la procuración, con la fiscalía, con el juez que eso va a funcionar«, completaba su idea Villegas.

Otra clave

«Lamentablemente ya lo habíamos dicho y confirma una rutina y una práctica extendida durante el gobierno anterior», expresó el ministro de Defensa, Jorge Taiana, tras la noticia del mesa judicial macrista. Como dice el funcionario, esto podría ser apenas la punta del iceberg.

Gabriela Cerruti planteo que también «deben investigarse las circunstancias en las que se produjo esa filmación para corroborar si era un modus operandi del anterior Gobierno realizar espionaje ilegal sobre las reuniones que se llevaban adelante en los edificios públicos».

Justo el video muestra dos funcionarios de la AFI que son cercanos a la vicedirectora en aquel entonces, Silvia Majdalani, quien tuvo un distanciamiento con Gustavo Arribas, ex director y conocido amigo de Mauricio Macri, en las causas que los investigaba por espionaje ilegal a todo el arco político (propios y ajeanos), presos, dirigentes sindicales.

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